Como antecedentes, según cifras del Banco Mundial publicadas en 2021, las personas con discapacidad de América Latina y el Caribe son cerca de 85 millones, lo que representa alrededor de 14.7% de la población total de estas regiones, comprendiéndose como personas con restricciones o retos mayores para el desarrollo pleno de sus derechos.
Bajo estos datos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, han lanzado un proyecto de asistencia técnica a tres países de la Región (El Salvador, México y Paraguay) para promover reformas que permitan el establecimiento de diferentes sistemas de apoyo y salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, para la efectiva implementación del Artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad.
En El Salvador, a través del INABVE como vigilante de los derechos de las personas con discapacidad, se ha acompañado en la ejecución para el desarrollo del taller durante tres días, impartidos por especialistas internacionales, y con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios de los sistemas judiciales, legislativo, electoral, registral, notarial y de salud, así como a organizaciones de personas con discapacidad en los que priorizan el intercambio, la participación, el compromiso y el diálogo efectivo. Dichos talleres estarán divididos en 3 fases: análisis, identificación de desafíos y plan de acción.
Los resultados del proyecto se presentarán ante el Consejo Permanente de la OEA que reúne a los Estados miembros de la organización, en la Reunión Ordinaria del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS) de 2027, y en las Naciones Unidas.
El Salvador trabaja juntamente estos proyectos, en los cuales se ha contado con el apoyo interinstitucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Misión Permanente de El Salvador ante la OEA, para impulsar políticas orientadas en aplicar efectivamente el Art. 12 de la CDPD así como constituir apoyos para garantizar que las personas con discapacidad puedan tomar sus decisiones con autonomía e independencia.
